La Consejería de Sanidad debe retirar cualquier acuerdo que haya suscrito con la jerarquía católica que permita que esa Iglesia intervenga en los comités de Ética o Interdisciplnares de cuidados paliativos de los hospitales públicos.

Mientras tanto, el fundamentalismo católico podría estar participando en decisiones como la conveniencia o no de suministrar sedación terminal a un enfermo o practicar un aborto, lo cual, de ser así, supone una nueva aberración de lo que es el sistema público madrileño de sanidad al caer en manos de una religión.

Esta medida podría ser inconstitucional porque la Carta Magna considera a nuestro país aconfesional. Además, el resto de religiones, ante el trato igualitario que les otorga la Constitución, podrían reclamar esa misma participación. Es inmoral desde el punto de vista laico, ya que este país separa Iglesia y Estado y vulnera la independencia de los comités de Ética o Interdisciplinares. Esperanza Aguirre o alguno de sus representantes en la Tierra, como Esteban Parro, deben explicar urgentemente esta medida.

Quizá se trate de una estrategia más dentro de la guerra que mantiene Aguirre dentro de su partido para provocar a Rajoy. Lo que si parece evidente es que Aguirre tiene en Rouco Varela un gran aliado.