Nuestra prioridad es el empleo, un nuevo tipo de empleo.
Se cumplen 31 años de vigencia de la Constitución Española. El PSOE quiere, una vez más, expresar su público compromiso con los valores constitucionales su respeto y apoyo, y su orgullo íntimo, por haber participado con determinación y de forma muy activa en su elaboración y aprobación.

La Constitución española representa el lugar de encuentro de todos los que convivimos en España, el mínimo común ético para la paz social, el nexo unitivo que iguala, el marco de nuestros derechos y obligaciones, de los derechos y libertades fundamentales, de los mejores valores democráticos.

Así mismo la Constitución supone el período más brillante, fecundo y duradero, desde el punto vista democrático, de la Historia de España.

La sociedad española de la nueva década que iniciamos necesita nuevas respuestas a nuevos problemas. La Constitución contiene el germen de las nuevas líneas de progreso, crecimiento y modernidad necesarias para España. El carácter social y democrático del Estado de Derecho, consagrado en el Artículo Primero, exige de los poderes públicos una intervención dirigida a la corrección de las desigualdades y a la consecución de una igualdad real, propugnando los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con la dignidad de la persona como el fundamento del sistema.

Los Derechos y Libertades y los principios rectores de la política social y económica consagran una lectura económica y social, activa y modernizadora de la Constitución Española y una intervención de los poderes públicos, en la realización de los derechos sociales y económicos de los españoles.
El empleo y la lucha contra el paro son nuestro compromiso y nuestra prioridad, y un imperativo constitucional.
 
En este sentido, y frente a las políticas abstencionistas y desreguladoras fracasadas, que la crisis global puso de manifiesto,  los socialistas consideramos que la dimensión social definidora del modelo de nuestra Constitución económica, legitima la intervención de los poderes públicos sobre el mercado, la regulación y la supervisión pública en base al interés social. El Estado debe jugar un papel activo en la economía para generar el crecimiento y para transformar la sociedad mediante la corrección de las desigualdades en ella existentes.

La economía debe ser entendida como un instrumento que transforme la sociedad e impulse un crecimiento y desarrollo sostenibles.

Nuestra Constitución recoge todas las generaciones de derechos, tal y como se han ido formulando en la historia del constitucionalismo, no solo de índole individual, sino también de derechos económicos y sociales que preservan el interés colectivo obligando a los poderes públicos a actuar en la economía y en los mercados.

Los socialistas siempre hemos afirmado que la Constitución española es una auténtica Constitución de Derechos. La cuarta parte de su articulado se ocupa del reconocimiento de los derechos fundamentales, de las libertades públicas, de los derechos sociales, de la acción del Estado, de la proclamación de los principios rectores de la política social y económica y de un sistema exhaustivo de protección y garantía, es decir, de un sólido sistema de defensa y protección de los derechos y de la calidad democrática.

Como en tantas ocasiones, hoy más que nunca es preciso reafirmar nuestro compromiso con una Constitución que sitúa a la economía como una actividad dirigida al servicio del interés general, que no debe disociarse de la dignidad humana, la libertad, la solidaridad, la cohesión, la política social y la protección del medio ambiente.

El pasado día 1 de diciembre entró en vigor el Tratado de Lisboa, que reforma, completa y amplía la arquitectura de la Unión Europea, incorporando la vigencia de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin duda alguna supone un paso muy importante en la construcción de más Europa, de nuevos espacios de libertad, justicia y seguridad, de nuevas competencias y procedimientos decisorios de la Unión, y de una mayor garantía de los derechos fundamentales y de ciudadanía para los europeos. “La Carta Europea de Derechos” conecta con la Constitución española y recoge también derechos de nueva generación, individuales y colectivos, económicos y sociales, tales como la libertad profesional y el derecho a trabajar,  la libertad de empresa,  la protección de la propiedad intelectual, el acceso a los servicios de colocación, el derecho a una buena administración,  la protección frente al despido injusto, la protección de los consumidores o la protección del medio ambiente, con un nivel elevado de protección, conforme al principio de desarrollo sostenible, entre otros muchos.

La Constitución española y la Carta Europea de Derechos contienen en su seno el germen del futuro de España y de la economía sostenible.

Como respuesta a los desafíos de nuestro tiempo y en desarrollo de esas políticas y mandatos constitucionales, el Gobierno socialista aprobó el Proyecto de Ley de Economía Sostenible y la Estrategia para el Crecimiento Económico Sostenible.

Con ella, el Gobierno pretende impulsar la recuperación de la economía española por una senda de crecimiento equilibrado y generador de empleo. Se trata de un plan global de reformas para aprovechar las oportunidades que abre para España el inicio de la recuperación económica.

La Ley de Economía Sostenible aborda cinco elementos claves para acelerar la modernización de nuestra economía: competitividad, sostenibilidad medioambiental, normalización de la construcción, innovación y formación profesional, e impulso de los sectores emergentes.

La Ley es una respuesta que reconoce y desarrolla los nuevos derechos, supone un giro, un nuevo impulso, una inyección de nuevas energías a los principios rectores de la economía que nuestra Constitución defiende y proclama.

Nuestra Constitución proclama “el derecho y el deber al trabajo”  y que, “los poderes públicos de manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo”. El Proyecto de Ley de Economía Sostenible y la Estrategia para el Crecimiento Económico Sostenible sitúan al empleo como prioridad, se trata de lograr un nuevo tipo de empleo.

Nuestra Constitución proclama “la libertad de empresa”, “protege y defiende su ejercicio” y “la productividad”.

La Ley de Economía Sostenible y la Estrategia para el Crecimiento Económico Sostenible avanzan importantes medidas de regeneración del tejido empresarial, de financiación, de ayuda, y la simplificación de trámites para la creación de empresas, así como un apoyo a los nuevos sectores emergentes.

Nuestra Constitución establece “el derecho a la vivienda y la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.  El Proyecto de Ley de Economía Sostenible contiene un conjunto de medidas para potenciar el acceso a la vivienda, una normalización de la construcción, y un impulso a las actividades de rehabilitación y renovación urbanas, así como más participación ciudadana y nuevos instrumentos de planificación.

Nuestra Constitución reconoce “el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, “la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose  en la indispensable solidaridad colectiva”. El Proyecto de Ley y la Estrategia de Crecimiento Sostenible hacen una fuerte apuesta por la economía verde, las energías renovables, un Pacto sobre la energía, un nuevo modelo energético, asumiendo los compromisos de la Unión Europea para el 2020 en materia de emisiones, ahorro y eficiencia energética y renovables.

Nuestra Constitución define las garantías de “objetividad”, “eficacia”, “publicidad”, libre concurrencia y “legalidad” de las Administraciones Públicas, así como “el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales”. El Proyecto de Ley y la Estrategia de Crecimiento Sostenible, hacen una apuesta por una nueva contratación pública, nuevas técnicas de gestión y por una modernización de la justicia y el despliegue de la oficina judicial.

Nuestra Ley Fundamental dispone que “los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales”, y “promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general”. El Proyecto de Ley de Economía Sostenible y la Estrategia de Crecimiento Sostenible, diseñan un ambicioso programa de innovación y de formación profesional, hacen una gran apuesta por la investigación científica, por I+D+í, por una reforma en profundidad del sistema de formación profesional y por un pacto por la educación.

En este 31 Aniversario de la Constitución, España entra en una nueva década del siglo XXI, en el seno de una nueva Europa, con nuevos derechos y nuevos horizontes.

El PSOE aborda este momento con nuevas energías, decidido a afrontar los desafíos, haciendo una apuesta por un nuevo empleo, por una nueva forma de crecimiento sostenible y desarrollo económicos.  Para ello, desde el espíritu de diálogo y consenso con que fue posible elaborar, hace treinta y un años, nuestra Constitución, convoca a las fuerzas políticas, a las instituciones y a los agentes económicos y sociales al diálogo, al acuerdo y al pacto por la Economía Sostenible y el futuro de España.